ETAPA FINAL DE LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA

El cambio de dirección del gobierno conmocionó a las regiones progresistas, que organizaron varios levantamientos populares hasta que la rebelión militar de La Granja, en agosto de 1836, obligó al regente a aceptar la constitución de 1812 y formar un nuevo gobierno progresista, encabezado por José María. Calatrava y con él Álvarez Mendizábal como Ministro de Hacienda. Esto significó que Istúriz fue destituido. 

Pronto estalló un debate sobre la idoneidad de la Constitución de 1812 para la nueva era, que condujo a la redacción de la Constitución de 1837, texto que, aunque liberalmente motivado por el progreso, resultó finalmente más eficaz y más moderada que la Constitución de Cádiz en cuanto a libertades. La constitución de 1837 dictaba que el trono y las Cortes compartirían la soberanía y que las Cortes estarían compuestas por dos cámaras, el congreso de los Diputados y el Senado, elegidas por censo. La elección constitucional de 1837 resultó nuevamente en una victoria para el liberalismo moderado, y en poco tiempo siguieron tres gobiernos diferentes. La medida gubernamental más importante y a la vez controvertida durante este período fue la ley municipal, una medida centralizadora que tendía a anular la autonomía de las ciudades en favor del poder estatal. La oposición de los progresistas a la nueva ley fue total, dando lugar a tumultos en las calles. Ante esta situación, en 1840 la regente María Cristina, tras aprobar la ley, disolvió las Cortes y cedió la regencia al general Baldomero Espartero, militar progresista de gran prestigio e influencia gracias a su capacidad de liderazgo y su victoria en la guerra contra los carlistas.